Por Jaime Villarreal
Lo único que tengo que hacer es volver a hacer sitio una y otra vez, más sitio; y mientras pueda hacer esto merezco vivir.
Elías Canetti
Pocas veces como durante estos años de crisis de violencia originada por el crimen organizado y su guerra, marca indeleble, funesta, del sexenio de Calderón, ha quedado en tal evidencia la incapacidad de respuesta de los organismos públicos de fomento cultural frente al conflicto social. Mientras el área metropolitana ardía (está lejos de haberse extinguido ese incendio), los organismos culturales del estado se mostraron incapaces de tomar el toro por los cuernos para convocar a la comunidad de académicos, productores y promotores para intervenir en un contexto ávido de crítica, reflexión y acciones que contrarrestaran el cuasiestado de sitio, útiles para darle sentido a tanto sinsentido.
Mención aparte se merece el proyecto de Desarrollo Social estatal Centro Comunitario Independencia, por su diseño (por cierto, efectuado por arquitectos del Tec) tomado del proyecto exitoso de regeneración de Medellín, Colombia, y por los alcances que ese espacio puede tener enclavado en una zona tan neurálgica como conflictiva y marginada. Es imperativo para los organismos públicos de fomento cultural en el estado, entre los cuales el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León juegan roles principales, tomar conciencia y responsabilidad de su papel de administradores de los recursos que se dedican a la cultura. Me ha tocado trabajar como gestor en Conarte y he confirmado que uno de los vicios de los promotores culturales es olvidar su papel de administradores de los recursos públicos: su función de procurar la aplicación de dichos fondos con el mejor sentido, tan simple y tan complejo, rodearse de productores, público, comunidad, especialistas para propiciar buenas inversiones.
En el caso del Consejo, cuyo presupuesto se ve amenazado cada año por los ajustes del gobierno estatal, la mayor parte de sus recursos están etiquetados o por etiquetarse ya sea para mantener sus espacios o para cumplir con los compromisos institucionales que se reactivan anualmente. Como ejemplo representativo está el convenio marco de colaboración con el Conaculta, que se firma cada año y obliga al organismo descentralizado estatal a aplicar buena parte de sus recursos en programas (como convocatorias) que se operan con fondos federales o de ambas dependencias. Las actividades llamadas sello, como los festivales de cine, teatro, danza, música, muestras de plástica, encuentros de escritores, Convite Norteño, etc., absorben buena parte del presupuesto que sólo en teoría es aplicable con mayor libertad. Las comisiones de las disciplinas conformadas por los vocales (o vocal) de la especialidad en turno y por funcionarios de Conarte prácticamente palomean cada año la realización de las mismas actividades y sólo un mínimo de recursos quedan a discusión para nuevos y, por ende, pequeños proyectos de los productores.
A 18 años de su fundación, mi percepción es que el consenso que dio origen al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León en 1995 sufre ya un desgaste y un desfase que requieren una reorientación, implementar estrategias de diálogo para transformar, redirigir o suplir sus programas mediante políticas más acordes a la crisis del campo cultural local: la devaluación de la llamada marca Monterrey (productividad, trabajo, regionalismo),la decadencia de las concepciones municipal y, sobre todo, ornamental de la cultura. Me parece indispensable ciudadanizar la cultura: hay que convertir al organismo en uno que responda las realidades sociales contrastantes, donde, por ejemplo, la profusa recepción de migrantes convive con las más agudas prácticas discriminatorias. No puede sustituirse la política con la estética.
Y no quiero decir que el Conarte no se haya transformado con los años, lo ha hecho adquiriendo nuevos espacios (lo más destacable es el Centro de las Artes en Fundidora), abarcando otras disciplinas (cine y video). Pero no se ha renovado el pacto que hizo posible a la institución en tanto que la situación sociocultural del estado ha cambiado muchas veces dramáticamente. Sin duda, una de las desventajas institucionales (no sólo de Conarte) es su carencia de un programa formativo continuo de profesionalización de sus promotores y funcionarios culturales, mucho menos un servicio profesional de carrera como el que tiene el Conaculta. Esa carencia es relevante porque refleja que se ha apostado por el continuismo, por seguir haciendo lo mismo irreflexivamente, por tomar con frecuencia decisiones desacertadas. Más recientemente, desde su actual presidencia, se ha abonado a la arbitrariedad proponiendo cambios a la estructura del Consejo que contradicen la ley y el reglamento interno de la institución.
Si bien se espera que los cambios que genere la política cultural federal se repliquen en la dependencia estatal (se habla del control central de los asuntos culturales en la Segob), la estructura y original vocación democrática de Conarte son excepcionales en el país y esa diferencia es digna de ser defendida. Aquí se echa de menos la capacidad de la comunidad de académicos, productores, promotores, para organizarse (me incluyo) como contrapeso independiente y, como ha dicho en una conferencia reciente el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, “ganar la batalla de la calidad” porque la de la cantidad la han ganado hace mucho las transnacionales. Esa batalla, sin duda, nos ha quedado grande a todos.
*Texto originalmente publicado en posdataeditores.com en el año 2013.



